Debate sobre el regulador convergente y la TV

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  • Hace más de 10 meses

  • junio 5, 2018

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Los canales de televisión pública se pronuncian. Los gremios del sector también hacen sus aclaraciones.

TV pública nacional y regional

Los canales de Televisión Pública Regional y Nacional: Canal Capital, Canal Trece, Canal TRO, Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Teleislas, Telepacífico y RTVC se manifiestan frente al Proyecto de Ley “Por la cual se promueve la convergencia entre la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, se ordena la supresión y liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, se distribuyen competencias en materia de televisión y radiodifusión sonora entre las Entidades del Estado, y se dictan otras disposiciones”.

El proyecto de Ley que se presentará esta semana en sesión conjunta Senado y Cámara para debate, es una propuesta modificada al proyecto presentado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el pasado 17 de octubre. Dichas modificaciones impactan los recursos para televisión pública de la siguiente manera:

  • Los recursos del FONTV son destinados a atender el ciento por ciento del costo institucional de la nueva entidad.
  • El proyecto del MinTIC incluía la posibilidad de que desde el FONTIC se hicieran

transferencias periódicas al FONTV para contribuir a la financiación de la televisión pública. Tal propuesta sin embargo no fue tenida en cuenta en la ponencia para primer debate.

Así mismo:

  • Se establece una tarifa de compensación de máximo el 1.96% de los ingresos brutos de los prestadores con título habilitante, podría llegar a disminuir en más del 60% el valor del aporte de la televisión cerrada en el FONTV. En este sentido el proyecto original pide que se mantengan los recursos de ambos fondos y así proteger los recursos de la televisión pública.
  • El porcentaje de contraprestación al que se refiere el numeral anterior no es el producto de un estudio económico sectorial y de mercado; la ponencia para primer debate, sin razón ni sustento técnico, eliminó la posibilidad que incluía el proyecto del Mintic de adelantar un estudio para determinar el valor de la contraprestación.

Sobre lo anterior el proyecto de ley del Mintic, consciente de que su propuesta de tarifa única disminuiría los ingresos para la televisión pública, propuso una habilitación legal al Gobierno para crear fuentes de nuevos recursos. El ponente, sin embargo, no acogió esa iniciativa.

Conscientes del impacto que esto tendría en la televisión pública, para los canales regionales y nacional a través de sus gerentes manifiestan su desacuerdo en dicho proyecto.

La probable desaparición de la Televisión Pública significaría que esta dejaría de impactar a través de su señal abierta y gratuita contenidos autorregulados, diversos, incluyentes al 95% del territorio colombiano. Sin hablar del impacto que también se da a través de los cable operadores y en plataformas digitales.

Lo anterior es una disminución de $123 mil millones de pesos (solo para el 2019) con una mayor disminución cada año, para la producción de contenidos que aportan en la construcción de una ciudadanía critica, en el desarrollo de las empresas de producción audiovisual independientes y en el robustecimiento de una oferta pública, sin intereses comerciales, de comunicación eficiente y eficaz.

Gremios del sector

La industria del sector de Telecomunicaciones representada por ASOTIC, ANDESCO, ASIET, ASOMOVIL y CCIT se permite hacer las siguientes precisiones:

Contrario a algunas declaraciones realizadas recientemente por algunos sectores, este Proyecto de Ley no elimina ni debilita la televisión pública en el país. Por el contrario, se busca garantizar los recursos para ella, con un monto mínimo aproximado de $1,8 billones de pesos para los próximos diez años, que serán destinados al financiamiento de contenidos, la digitalización y el mantenimiento y expansión de la red, entre otros aspectos.

En el actual proyecto de ley se incluye la contribución de una tarifa única y simétrica de 1,96% de ingresos brutos por parte de los operadores de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales para la financiación de un fondo único convergente.

En materia audiovisual la financiación de la televisión pública también se verá beneficiada, ya que se garantizarían recursos para los diversos proyectos de acceso universal –tales como el desarrollo de la TDT y DTH social en todo el territorio nacional- y el desarrollo de contenidos de programación para RTVC y los canales regionales por los próximos diez años.

Para el caso de la televisión regional, con la estructura propuesta por el Proyecto de Ley, existen recursos suficientes para el desarrollo de contenidos locales para los siguientes diez años- Los recursos destinados, en algunos casos son superiores a los valores asignados para programación, por el FONTV, a los canales regionales en 2015 y 2016, de acuerdo con los informes sectoriales publicados por la ANTV.

Contrario a lo que se especula de este Proyecto de Ley, en relación con su proposición de fondo único convergente, este presenta el mecanismo ideal para garantizar la sostenibilidad de la televisión pública en el futuro.

En aras de seguir fomentando el pluralismo en la sociedad, el fondo convergente permitirá que la televisión pública se logre apalancar de otros servicios relacionados (como lo son los servicios fijos y móviles de comunicaciones), para mantener los niveles de inversión requeridos para su desarrollo. A lo anterior, se le suma la posibilidad de alcanzar niveles de eficiencia en los recursos del Estado superiores aprovechando las sinergias que genera un único órgano rector y ejecutor de la política pública en los servicios TIC y audiovisual en Colombia.

Con la creación de un fondo único se minimiza la posibilidad de que la financiación de la televisión pública decrezca, ya que en la actualidad se ha presentado una caída en los ingresos de la televisión por suscripción y la televisión privada nacional, que son los aportantes en un 90% del financiamiento de la televisión pública.

El proyecto de ley no anula la televisión pública. Por el contrario, en un contexto de convergencia, crea un fondo con mayor musculo, eficiencia y fuentes de financiamiento que garanticen su sostenibilidad futura.

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